Más allá de una declaración de buenas intenciones en lo referente al cumplimiento de derechos ya contemplados en legislación de rango superior, como la igualdad de oportunidades, la no-discriminación o la adaptación de la universidad a aquellas personas con diversidad funcional, este documento resulta novedoso por cuanto intenta adaptar la situación del estudiante a las transformaciones académicas y administrativas previstas para los próximos cursos. Es por ello que entendemos este borrador como parte de la normativa que desarrolla en España el denominado proceso de Bolonia.
Este documento insiste en la movilidad estudiantil, en la tutorización y las tutorías, y en la nueva programación docente y evaluación del estudiante. Detalla qué disposiciones deberá tomar la universidad para que el estudiante sea al mismo tiempo sujeto y objeto de su formación. Quienes defendemos la pedagogía libertaria siempre hemos apostado por modelos pedagógicos participativos, que estimulen la curiosidad y creatividad del discente. Mas, lo que en un principio podría parecer positivo, comporta graves consecuencias.
La tutorización y las tutorías están orientadas a individualizar la atención al estudiante (artículo 22.1) y a “la inserción laboral” (artículo 9.e.), inspirándose en el principio general de “preparar para el ejercicio de actividades profesionales” (artículo 21.2). Se promueven prácticas no-remuneradas en empresas e instituciones en el último curso del Grado, para lo cual se introducen las figuras del tutor académico y el tutor profesional, quienes “acordarán el plan de trabajo del estudiante y realizarán el seguimiento y la evaluación conjuntamente” (artículo 26.5), permitiendo que la empresa intervenga en nuestro proceso de evaluación. También se impone una metodología focalizada en la “formación teórico-práctica” (artículos 9.c., 10.b. y 11.a.) y en la “evaluación continua, basada en una metodología docente activa y corresponsable” (artículo 8.ñ.), toda vez que se establece como un deber el “tener una presencia activa y corresponsable en la Universidad”.
Vemos que la universidad se transforma radicalmente en dos sentidos:
Se produce una mayor integración de la universidad pública en el tejido productivo, concretada en la externalización del proceso de aprendizaje hacia entidades privadas, y la orientación laboral de los estudios de Grado y Postgrado.
Desaparece el estudiante en beneficio del alumno a tiempo completo, siguiendo el modelo anglosajón.
Nos preguntamos cómo las universidades van a garantizar que los estudiantes compaginemos nuestros estudios con nuestra vida laboral y personal, cuando resulta que, con el sistema de créditos ECTS y de Grado, pasamos de una formación de 3000 horas en cinco años a una formación de 6000 horas en cuatro. También nos gustaría saber qué clase de milagro aguardan las instituciones para que se haga efectiva la tan invocada enseñanza individualizada, ante los recortes de presupuesto público y la previsible reducción del PDI. Nos tememos que, animadas por la teoría del “coste cero” o “coste barato”, las universidades tiendan a buscar financiación privada y a reducir su número de alumnos, ya sea endureciendo las condiciones de permanencia o las pruebas de acceso. De hecho, este borrador anima “el establecimiento de convenios de colaboración con empresas e instituciones” (artículo 23.3).
Poco o nada podemos esperar de las becas y ayudas previstas. Pues, si bien se asegura que “la introducción de Préstamos-Renta destinados a estudiantes universitarios […] en ningún caso supondrá la disminución del presupuesto anual que sea destinado a becas y ayudas” (artículo 50.2) y se prevén 14 programas de apoyo económico, sigue sin materializarse nuestro derecho al acceso universal a la enseñanza superior. La retórica del Ministerio es tan perversa que contempla como becas relaciones laborales encubiertas, caso de las “becas de colaboración” (artículo 49.4.h. y 49.4.n.) y las “prácticas externas” (artículo 49.4.i.). Las “ayudas compensatorias” para estudiantes que no trabajen resultan ridículas (49.4.b.) y, si bien se contemplan “ayudas específicas con finalidad social” y ayudas para quienes compaginamos estudios y trabajo (artículos 49.4.a. y c.), vemos que la mayoría de tipos de becas y ayudas promueven la competitividad en lugar de posibilitar la gratuidad de la enseñanza. ¡Pero no hay por qué alarmarse aunque vaya a primar el criterio de eficiencia sobre el derecho al estudio! El Ministerio y la banca han pensado en nosotros: los estudiantes podremos optar a “préstamos-renta” (artículo 49.4.m.) o becas-préstamo, créditos que poca relación guardan con las clásicas ayudas económicas a fondo perdido y a causa de los cuales acabaremos nuestra carrera debiendo miles de euros al Banco Santander, Caja Madrid o cualquier otra entidad bancaria de cuantas gobiernan la universidad a través de los consejos sociales.
Por último, se dedican dos capítulos para establecer nuevos mecanismos de participación y representación estudiantil. La mayor novedad (ya prevista, en cualquier caso, en la LOU) reside en la constitución del Consejo del Estudiante Universitario, “órgano superior de deliberación, consulta y representación de los universitarios, ante el Ministerio” (artículo 56), compuesto por dos representantes estudiantiles, una representación de las asociaciones estudiantiles con mayor implantación, cinco miembros designados por su Presidente y, en calidad de miembros natos, el titular del Ministerio, el titular de la Secretaría de Estado de Universidades y el titular de la Dirección General de Universidades (artículo 57). Nos opondríamos a que elementos ajenos al estudiantado vayan a estar presentes en este órgano y ocupar sus cargos más importantes, si no fuera por que nos oponemos a la propia existencia de un órgano que promociona el delegacionismo y la entrada en las instituciones del movimiento estudiantil, así como su separación de los movimientos sociales y sindicales afines, en un intento de evitar la confrontación directa con los enemigos naturales de los estudiantes y los trabajadores: la patronal, el gobierno y el Estado.
Tras los cabales principios esgrimidos por el Ministerio en este borrador, se oculta, en un siniestro ejercicio de doblepensar orweliano, la mercantilización de la enseñanza que siempre hemos denunciado y asociado a ese proceso desarrollado a espaldas de los trabajadores y los estudiantes que es el EEES. Resulta perfecta la correspondencia entre este Borrador y el resto de documentación reciente que el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT-AIT Madrid ha analizado, como la propuesta de Estatuto del PDI y el Informe “Financiación del Sistema Universitario Español” de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria. Henos aquí confrontados a las distintas facetas del mismo y gigantesco poliedro conocido como neoliberalismo.
Contra el capitalismo y contra aquellos burócratas que pretenden maniatar nuestra capacidad de intervención en asuntos que a todos nos conciernen, la CNT-AIT nos propone una organización asamblearia, horizontal, federalista y autogestionaria, que recurre al apoyo mutuo y la acción directa para defenderse de las agresiones de la clase dominante e ir construyendo una sociedad igualitaria donde el aprendizaje sea realmente universal, tanto en su acceso como en sus contenidos. Unidos, los trabajadores y los estudiantes podemos detener el EEES y el sistema económico que lo vuelve posible y necesario; podemos cambiar el mundo y la vida.
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